viernes, 7 de diciembre de 2012

Nuestros políticos juegan con los débiles de Cantabria

        La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado el "rotundo" compromiso del Gobierno regional con las personas discapacitadas y dependientes que, según ha asegurado, están "a salvo y en buenas manos". La vicepresidenta autonómica asegura que la situación de este sector en Cantabria "difiere" de otras comunidades, por la "convicción, voluntad política y sensibilidad" del Ejecutivo, que considera "prioritaria" la atención a este colectivo.

          "Buena prueba de ello" han sido, a juicio de Sáenz de Buruaga, los presupuestos regionales para este año, que han servido para "preservar" los servicios y las prestaciones del sistema, así como las cuentas públicas previstas para el próximo ejercicio (a nivel de toda España), en las que se destinan más de 203 millones a consolidar la red pública de servicios sociales.
           Estos 203 millones, hacen referencia al nivel mínimo de protección y a nuestra región le corresponden 21 millones. Sin embargo, de lo que no dice nada es de la reducción de la paga que reciben los dependientes para ser cuidados por familiares. En el pasado junio se aprobó la reducción de esta un 15% como mínimo para ahorrar 285 millones de euros ( 5.6 millones de ahorro para Cantabria). 
            La Consejera tampoco hace mención a la nota que nos puso el Observatorio de la Dependencia en un informe emitido el pasado junio. Ésta era de un 4.6 sobre 10, con un incremento de atenciones de un 0.14%. El informe señalaba como había comunidades que elevaban el grado de dependencia para incluir a menos personas.
             Pero los Gobiernos anteriores del PSOE y del PRC no se quedaron atrás. Prometieron 5000 empleos en el sector de la dependencia y crearon 1.390. También se pagaron casi 700 plazas en determinadas residencias como si fueran de una categoría superior a la real, originando un fraude de 1.2 millones de euros anuales.
                La realidad de fondo es el escaso interés de nuestra casta política regional por los discapacitados y débiles de nuestra sociedad cántabra. El mes pasado salía un estudio que refería 840 vehículos oficiales del parque móvil del Estado , frente a los 412 de Estados Unidos. Aunque el actual Gobierno ha manifestado la pretensión de recortar esta cifra, no sabemos hasta que punto es real. El ahorro sólo de los vehículos de el parque móvil del Estado podría suponer casi 11 millones de euros al año. El mismo estudio admitía que es difícil contabilizar todos los de todas las administraciones, pero podrían estar circulando 40.000 vehículos de alta gama por nuestras calles a costa de nuestros bolsillos ( "La casta autonómica" de Sandra Mir y Gabriel Cruz). Conclusión, HAY DINERO PARA LO QUE SE QUIERE, SOBRE TODO CUANDO SE TRATA DE VIVIR BIEN A COSTA DEL PUEBLO.

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