La empresa SNIACE vuelve a estar en el candelero de la
actualidad cántabra. En este caso, otro nuevo ERE puesto sobre la mesa que
afecta a 330 trabajadores, el 61.5% de la plantilla de la empresa durante 6
meses. Este expediente supone la paralización de una de las
dos fábricas de Torrelavega y quizá el comienzo del cierre total de la planta a
medio plazo. El motivo esgrimido por la dirección, es la aplicación del céntimo
verde recogido en Ley de Medidas Fiscales
para la Sostenibilidad Energética,
puesta en marcha por el Gobierno central. El impacto de esta ley se cifra en
más de 9 millones de euros anuales, lo que , a juicio de la dirección, haría
insostenible el funcionamiento de la empresa.
La pregunta
que nos surge es ¿por qué nadie ha obligado a la empresa a llevar a cabo las
mejoras necesarias, para no poner en peligro la salud y hacer de la planta una
factoría moderna y viable? La respuesta
a esto es muy sencilla. Para ganar dinero, el presidente Blas Mezquita sabe que
una empresa como la suya con las inversiones necesarias no sería rentable. Por
ello, se ahorra las inversiones y mantiene una empresa altamente contaminante,
bajo el chantaje de cerrar la fábrica y mandar a la calle a los 514
trabajadores (más de un millar en otros tiempos). Los políticos regionales y locales no asumen su responsabilidad y
en vez de obligar a la empresa a llevar a cabo las mejoras, han puesto la cara
en varias ocasiones por la empresa, esgrimiendo los efectos adversos sobre el
empleo de la comarca.
También les conceden ayudas vergonzosas a
nuestra costa: recientemente el Tribunal
General de la Unión
Europea confirmaba una sentencia que obligaba a SNIACE a
devolver ayudas por valor de 22,6 millones de euros más intereses concedidas a
partir de la suspensión de pagos del año 1993. La última fue el intento de
instalar una planta de bioetanol para la que el Gobierno de Cantabria debía de
avalar un préstamo de 60 millones de euros por medio del ICAF (Instituto
cántabro de finanzas). Éste último, viendo el resultado de la participación
regional en empresas como GFB se abstuvo de dar el aval y SNIACE se llevó la planta a
Polonia gracias a un préstamo de 125 millones de euros concedido por una
entidad local. Como se puede ver, SNIACE consigue dinero para lo que le
interesa.
Evidentemente, esta situación era de
esperar y no hubiera sido posible sin una clase política municipal y regional
de lo más mezquino en este asunto. Respecto a la deriva de todos estos años
pasados, en los que la alcaldía la ocupaban otros partidos, no difiere mucho de
la realidad actual. Cuando se está en la oposición, la contaminación ambiental
e insalubre de la comarca del Besaya, es un arma arrojadiza a la cabeza del
partido que ocupa la alcaldía. Cuando se está en la alcaldía, el problema se
esfuma como por arte de magia, pero sin poner un remedio real.
Blanca Rosa Gómez Morante, alcaldesa
por el PSOE, negaba la mayor cuando grupos ecologistas querían que se declarase
a Torrelavega “zona de atmósfera
contaminada”. Siempre alegaba, que no tenían competencias en la materia
(que correspondían al Gobierno regional presidido por el PP) y que la situación
no era alarmante. Sin embargo, en otros momentos (electorales se supone), se
declaraba como “luchadora sin tregua en
esta legislatura para reducir la contaminación” .En la actualidad, la ex alcaldesa se dedica a “usar”
nuevamente el tema como un arma
arrojadiza contra el alcalde. En una comparecencia criticaba el “silencio del Partido Popular frente a la
creciente tendencia negativa de la contaminación del municipio”.
Cuando
Ildefonso Calderón, calentaba el banquillo de la oposición del ayuntamiento,
pugnaba por defender los derechos de los torrelaveguenses anunciando por
ejemplo “medidas de presión” acerca de los problemas de la contaminación de
Barreda. Al tiempo, criticaba al consejero de sanidad del Gobierno de Revilla,
por no mostrar interés y decir que sólo intervendría si hubiera una emergencia.
Hoy se ve que esta lucha se le ha olvidado .
El Partido Regionalista de
Cantabria, por medio de la concejal
Paloma Santillán, ponía sobre la mesa las 36 superaciones de los valores
límites de contaminación sin tampoco exigir medidas al presidente regional de
su partido, el señor Revilla. Cuando el
año pasado sucedió lo mismo, el alcalde Ildefonso Calderón, lo tildaba de “escándalo social y político”, pero este
año no dice nada.
Ahora, ante
el triste futuro laboral de cientos de familias torrelaveguenses, todo es
echarse las manos a la cabeza y criticarse unos a otros.
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