Uno de los conflictos laborales más
candentes de la región es sin duda el que mantiene el grupo de empresas Sniace en su planta de Torrelavega. A pesar de
su trayectoria económica deficiente desde el año 1993, en que se produjo una
suspensión de pagos, en la última década parece que se posicionaba
correctamente con varios proyectos de futuro. En el año 2006 obtenía un
beneficio neto de 1.14 millones de euros.
El revés viene a comienzos de año
cuando el presidente del Grupo Sniace, Blas Mezquita dijo aquello de “si la
situación no cambia, Sniace tendrá que cerrar”. ¿La culpa de esto? El
céntimo verde incluido en la Ley
de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad
Energética, cuyo impacto se cifraba en más de 9 millones de
euros de gasto sólo en este año por la producción de energía (La empresa
cuenta con una planta de producción energética por cogeneración, parte de la
cuál usa en sus procesos productivos y el resto lo vende en el mercado). En
enero se negocia un ERE de seis meses
que afecta a 330 empleados (61.5%) de la plantilla, y que después de varias
negociaciones se quedó en 270. Se paraliza una de las dos turbinas de la planta
de congeneración de electricidad y se suspende la actividad de Viscocel, la
empresa del grupo dedicada a producir fibra. También para la producción de
celulosa en Celltech. Mezquita fue tajante en sus declaraciones: si no cambia
la ley que grava la producción de energía y el consumo de gas, tendremos que
cerrar. El presidente confiaba en un cambio legislativo “que arregle esta
barbaridad”. Todo parecía apuntar a que los políticos son los culpables por
imponer tantos impuestos.
Unos meses
más tarde, en mayo del presente, Ignacio Diego anunciaba que el Ministerio de
Industria había aceptado su petición sobre el céntimo verde y rebajaría en
un 80% la tributación de este impuesto
para el gas natural usado en la cogeneración para producir vapor útil, pasando
de 0.65 a 0.15 euros por gigajulio producido. Parece que la causa de los
problemas de la empresa se comienzan a solucionar. Sin embargo, los cálculos realizados por la
empresa hablaron de un ahorro real del 15% en vez del 80% anunciado por el
presidente regional. Lo más curioso es que el presidente de Sniace, Blas
Mezquita no desmintió al presidente regional con respecto a su optimismo en las
cifras si no que “lo dejó correr”.
Con todo llegamos a comienzos del verano. El
pasado junio la empresa pone sobre la mesa un Expediente de Regulación de Empleo de Extinción para 364 trabajadores.
A la semana la empresa se pone en preconcurso de acreedores respondiendo los
trabajadores con varias movilizaciones y una huelga. A mediados de julio,
después de un proceso de negociación, la empresa decide sustituir las medidas
anteriores por otro ERE temporal de dos
meses para toda la plantilla, acompañado
de cien prejubilaciones y un descenso salarial del 20% ¿Qué esta pasando
realmente con Sniace con todos estos movimientos laborales? ¿es verdad que la
culpa del cierre y de los malos resultados son las políticas impositivas
impuestas desde los sucesivos gobiernos? ¿hoy algo más? Vamos a analizar una
serie de cuestiones al respecto.
Comencemos por ver a quien pertenece
esta industria. Sniace fue en otros
tiempos una compañía estatal (la Sociedad Nacional de de Industrias Aplicaciones de Celulosa
Española), sin embargo hoy la
propiedad corresponde a capital privado. El accionista principal es Gerardo
David Gómez-Sainz García . Pertenece a una familia mexicana con ascendencia en la región, la cuál
controla el Grupo Hidafa y que fue
calificada hace unos pocos años como el nuevo “tiburón de la Bolsa”.
Dicho grupo empresarial se dedica a las maniobras de especulación financiera
para la obtención de beneficios rápidos jugando en bolsa con las acciones de
las empresas. En un año, un paquete de
acciones de la constructora OHL del 4.32% del capital social, le aportó 108
millones de euros en plusvalías. En el año 2003, este grupo entró en Cortefiel
adquiriendo un 10% de acciones. Dos años después vendió su participación
obteniendo 144 millones de euros. En
septiembre de 2005 completó su presencia
en Sniace llegando a tener en sus manos casi el 25% de su capital social
(comprando las acciones muy baratas). Esta inversión en la empresa tenía
objetivos financieros hasta el punto de no participar en el consejo de administración.
Al anunciar su entrada, las acciones de Sniace se revalorizaron un
205%. La familia Gómez-Sainz reconocieron el carácter financiero de su
inversión, lo que supone que la empresa como tal les interesa poco. Sólo se
trata de ganar en bolsa comprando y vendiendo a tiempo para obtener jugosas
plusvalías, como han demostrado.
Otro de los accionistas importantes
es el empresario Félix Revuelta y grupo empresarial Kiluva S.A. Curiosamente este grupo empresarial es el dueño de la
cadena Naturhouse, dedicada a los alimentos dietéticos y el cuidado corporal.
Resulta paradójica su inversión en una empresa que ha resultado muy dañina para
la salud de los habitantes de los núcleos urbanos cercanos a la factoría, a
juzgar por diversos estudios.
Una empresa de un cántabro afincado
en Madrid, Jose Luis Fernández también tiene una participación importante en
Sniace por medio de su empresa San Jose
8 Promociones y obras S.A.(dedicada al sector inmobiliario). Por último el
propio Blas Mezquita, presidente y consejero delegado de la empresa (a razón,
según un estudio del año 2009 de 430.000 euros anuales de retribución por sus
servicios, siendo el directivo número 89 de 121 en retribución del ránking de
nuestro país de la CNMV)
también ostenta una participación. Mezquita entró en el Grupo Sniace
proveniente de Antibióticos S.A. una empresa farmacéutica famosa por hacer de
oro a dos grandes tiburones financieros de nuestro país, Mario Conde y Juan
Abelló, después de venderla a finales de los ochenta a un grupo multinacional
italiano por 58.000 millones de pesetas de la época.
La realidad es que cuando uno ve el estado de las instalaciones
de la fábrica puede apreciar la falta de inversión e interés por parte de sus
propietarios en la modernización e innovación de instalaciones, ofreciendo
desde hace décadas un aspecto desolador. Esto y el análisis de los propietarios
pone sobre la mesa los posibles
intereses especulativos en la empresa, lejos de buscar su viabilidad. El
propio Mezquita señalaba hace seis años (cuando las vacas gordas) que “de ser una compañía 100% textil vamos a
pasar a ser 80% energética” y ponía sobre la mesa proyectos de
biocombustibles . El presidente reconocía en esa época que se estaban cotizando
expectativas en referencia a la subida del valor de las acciones. También
reconocía que había especulación a corto plazo con los títulos del Grupo.
Y es que quizás este sea el motivo final de
todo. Una empresa que se vende muy barata en Bolsa, que genera expectativas de
inversión elevando el valor de las acciones produciéndose ventas de éstas en un
espacio muy corto de tiempo, con los consiguientes beneficios puramente
especulativos. ¿Alguna prueba de esto? En la semana de julio en que pone sobre
la mesa la reducción salarial y las prejubilaciones, así como varios acuerdos
con el Gobierno de Cantabria, la acción
sube un 22% en la Bolsa,
subida calificada por los expertos de puramente especulativa.
Respecto a la economía real, el
estado de la fábrica da una idea del escaso interés por sus propietarios de que
funcione y genere empleo y actividad. La propia actividad fabril que desarrolla
esta resultando rentable a otras empresas españolas. Una comparativa entre Sniace y ENCE, la primera empresa productora
europea de celulosa lo ponía de manifiesto, con un negocio parecido a la primera: papel,
servicios forestales y energía renovable. ENCE, mantenía una inversión por
empleado de 249.000 euros en el 2012 mientras Sniace sólo 67.000. el resultado
de esto es una productividad mayor con una plantilla mayor (1.575 empleados) y
unos beneficios mayores (13.1 millones de euros en el primer trimestre del
2013). Si Sniace no funciona, es porque sus dueños no quieren que funcione a
pesar de que el conflicto se vende por parte de empresa y sindicatos, como un
resultado de legislaciones energéticas y medioambientales que perjudican su
actividad y la hacen inviable. Así se ha ido llevando a cabo un chantaje
permanente al sector público. Por ejemplo, después de unos años de beneficio,
se planteó construir en Torrelavega una planta de bioetanol, para lo que se
solicitó un crédito al Banco Europeo de Inversiones. Éste requería de un aval
del Gobierno de Cantabria que hubiera comprometido toda la capacidad del ICAF
(Instituto Cántabro de Finanzas). El anterior ejecutivo estuvo regional del PRC-PSOE
estuvo cerca de concederlo, lo que hubiera supuesto que con el dinero de los
ciudadanos se financiara por la cara a una empresa privada. La planta al final
acabó en Polonia, porque allí si lograron 126 millones de euros de subvención.
A la espera
de ver por donde se desarrollan los acontecimientos, la especulación no augura
un futuro muy halagueño a la empresa. Sus mayores acreedores son el Banesto (es
decir, el Banco Santander), la Seguridad
Social y la Confederación
Hidrográfica (por los cánones pendientes de pagar respecto a
los vertidos contaminantes al río). Una vez más, los beneficios del capital no
entienden del sufrimiento del cerca de medio millar de familias que viven de
esta industria directamente. Tampoco los políticos de uno y otro signo, que
durante años han cedido al chantaje de la empresa financiando con nuestros
impuestos y con la impunidad medioambiental a la empresa bajo la amenaza de unos
despidos que comprometen en exceso a toda la comarca del Besaya.
