El
Movimiento Cultural Cristiano y la asociación Universitarios por una Cultura
Solidaria celebraron la semana pasada una mesa redonda con el título “lo que
no se cuenta sobre las reforma sanitaria”, donde se dialogó y sacó a la luz
lo que medios de comunicación formales y partidos políticos están ocultando
sobre esta ley injusta:
Es
cierto que esta ley impide garantizar el derecho a la asistencia sanitaria
reconocido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero la
sanidad no es universal desde hace tiempo. Ni en España ni en el mundo. Muchas mujeres, sobre todo inmigrantes, no
pueden ir al centro de salud al seguimiento de su embarazo porque su situación de explotación laboral se
lo impide. El riesgo de morir en el
parto es en Afganistán 1 de cada 8,
mientras en Suecia es de sólo 1 de cada 17400. Y lo mismo pasa con otros
indicadores de salud. La
Esperanza de Vida, la tasa de mortalidad infantil, etc, es
muy inferior en países empobrecidos, y entre los empobrecidos de los países
enriquecidos.
Esto es así porque el mayor determinante de la salud, por
encima del sistema sanitario, la herencia genética, etc son las condiciones de vida. No tener
agua potable, desahucios, paro…. está enfermando y matando a millones de
personas. Los parados tienen hasta un
63% más de probabilidades de morir prematuramente. Los inmigrantes en nuestro país sufren el triple de
accidentes laborales debido a la
explotación laboral que padecen.
Con
esta ley el gobierno pretende ahorrar 7000 millones de euros en Sanidad. Los
llamados recortes, que son para pagar la deuda adquirida con la banca.
Son las conocidas políticas de ajuste estructural impuestas a los países empobrecidos desde
hace décadas. Se puso en evidencia
la mentira de que la sanidad es insostenible por la gratuidad, “¿por qué
no se recortan los sueldos y privilegios de determinados gerentes sanitarios?”
En 2009 los altos cargos mejor pagados eran gerentes de hospitales que
cobraban más que el presidente Feijoo.
El gerente del Hospital
Universitario de Canarias cobra más de 35.000 euros sólo en incentivos.
Alejandra
Rey, una de las personas que intervino en la mesa redonda, médico de Santander,
comentaba cómo muchos inmigrantes, también aquellos que tienen la residencia,
están dejando de asistir a los centros de salud por miedo a que les
cobren, y cómo caminamos a un modelo sanitario en el que no se tiene derecho
a la sanidad por el hecho de ser persona sino por el hecho de estar
cotizando. También desmintió cómo esta ley no va a ahorrar nada sino a ocasionar
más gastos y afirmó que pretende criminalizar a la persona inmigrante,
hacerle responsable de la situación de crisis que padecemos.
Moustapha
Cisse, Vicepresidente Nacional de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y
Refugiados (FERINE) afirmó que “los inmigrantes tenemos que estar allí donde
se decide las políticas de inmigración”
y denunció cómo organizaciones políticas y sindicales quieren
instrumentalizar la lucha que los inmigrantes están llevando para abolir
esta ley. Entre otras el PSOE, que trata de esconder las políticas neoliberales
en sanidad (como la gestión de hospitales por multinacionales) o contra las
personas inmigrantes, que cuando
gobernaba hizo.
Rodrigo
del Pozo, militante del partido SAIn, puso en el diálogo la necesidad del protagonismo
de la sociedad. “Cuando se habla sanidad pública se debería decir sanidad
estatal y cuando se dice gestión privada se debería hablar más correctamente de
gestión por multinacionales, que es la realidad”. “¿Quién se opondría a que un determinado
servicio de un hospital lo gestionara una empresa social de inserción de
discapacitados, por ejemplo?” “Ni estado ni mercado, socialización, que la
sociedad gestione los recursos”. Y comentó algunas experiencias protagonizadas por los débiles
que nos demuestran que es posible esto: Cooperativas de salud en México o
Chile, control ciudadano de la gestión hospitalaria por parte de los
pacientes/sociedad…
Se
aportaron datos que evidencian que los inmigrantes aportan más a las arcas
públicas que el gasto que generan.
Visitan 6,4 veces al año su centro de salud de Atención Primaria frente
a las 11,1 visitas de los españoles. Gastan menos en farmacia: los españoles
gastan una media de 236 euros al año en medicinas frente a los 81 euros de los
inmigrantes. Sin embargo, los inmigrantes a los que esta ley excluye de los
servicios sanitarios que tiene el resto de la población, enriquecen nuestra
economía con su trabajo en condiciones de explotación y esclavitud en la
economía sumergida, y pagan impuestos
como el IVA con el que contribuyen a financiar la sanidad.
Y
se dialogo sobre cómo esta ley está sirviendo para deteriorar las
condiciones de vida de los más empobrecidos, de los imigrantes, para que se
vayan a otros lugares, a otros países
donde el llamado mercado (transnacionales, banca…) les necesita.
Al
final se comentó que los derechos sociales que tenemos no han sido cesiones
de los poderosos si no conquistas de la sociedad, de los más débiles. Lo
que no se lucha se pierde. Este es el reto de cada generación y no es posible
sin asociación, sin lucha solidaria asociada.
