La vergüenza de la corrupción llega a nuestra región de la mano del “cártel del asfalto”, un escándalo que apenas ha sido portada de los medios de comunicación regionales, pero que da una idea de la talla moral de nuestra clase política. Ni una sola dimisión, ni un reconocimiento de incompetencia, y por supuesto, a pesar de las multas, ningún responsable de las empresas constructoras de nuestra región, que han participado en el robo, se ha sentado en el banquillo o han devuelto el dinero robado a los cántabros.
El procedimiento comienza con una serie de acuerdos sobre las licitaciones de obras desde el año 1998. Estos acuerdos son establecidos entre las empresas SEÑOR, Arruti, Emilio Bolado, Acansa, Asfin, ASCÁN, Construboc, INOR, HTR, Cuevas y SIEC, las más grandes constructoras de la región. Los pactos establecidos se prolongaron hasta el 2011.
En el año 2008, consta una reunión en la que se ve la forma de operar de este cártel. En esta reunión se reunieron 33 empresas y pactaron las ofertas de siete licitaciones de obras públicas en varias provincias, entre ellas la nuestra. 16 empresas que optaban al asfaltado de la autopista A-8 y a la A-67 acordaron que la oferta vencedora sería la presentada por la empresa Misturas. Ésta, podía hacer la obra casi con un 33% de coste menor sobre la oferta más cara presentada. Para ganar todas las empresas y que perdiéramos los ciudadanos de las arcas públicas, las empresas pactaron que todas las ofertas ( incluida la de Misturas que sería la más barata) se movieran en un arco de tan sólo un 3.2% sobre la más cara. El resultado fue la adjudicación de un contrato por un importe más elevado que el coste de realizar la obra en sí. La diferencia entre el coste real de la obra a realizar y lo que la empresa Misturas obtuvo de la administración por la adjudicación, se repartió entre todas las empresas, según sus acuerdos, cobrando sólo la constructora Emilio Bolado 144.582 euros (casi 25 millones de las antiguas pesetas, su parte en el trato).
Lo más vergonzoso y que da muestra del poder de las empresas constructoras de nuestra región, es la desidia con la que nuestros políticos trataron el caso. El Gobierno de Cantabria "no va a trabajar por mirar hacia atrás" en el asunto del cártel del asfalto, afirmó el presidente regional, Ignacio Diego. El presidente llegó a decir que es un tema en el que "nada puede hacer" salvo "garantizar" que ese tipo de prácticas no se vuelvan a repetir. El presidente regional dijo haber recibido "con doble desagrado" la resolución de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) por los 16 millones de euros en multas a 11 empresas de la región implicadas. "Un doble desagrado porque no es bueno lo que ha ocurrido en Cantabria" durante todo ese tiempo y porque "no es bueno lo que les ocurre a las empresas en este momento", ha afirmado Diego.
Esta defensa numantina de las empresas constructoras también la manifestó el secretario general de la construcción del sindicato CC OO Damián García. Éste afirmó que las multas destruirán 1.500 empleos directos. ¿Por qué no dejamos que sigan robando y cobrando por las obras más de lo que valen? ¿ cuántos puestos de trabajo se podían haber creado en la región con los fondos robados al erario público? La obra pública en Cantabria sólo en el año 2008 alcanzó los 40,58 millones de euros. El 20% de encarecimiento fraudulento sobre esta cantidad (estimado por la CNC ) suponen más de 8 millones de euros sólo en un año.
El propio alcalde de Torrelavega del Partido Popular, Ildefonso Calderón rechazó una propuesta de elaborar un informe jurídico sobre el número de obras realizadas en la ciudad y los presupuestos de las mismas. El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que fue consejero de Obras públicas durante varios de estos años, no se ha manifestado al respecto. El partido La Unión , denunciaba que “Miguel Angel Revilla, el expresidente de Cantabria, y Secretario General del PRC, ha tenido en sus manos en esos 13 años, la obra pública de Cantabria, por lo que tiene una evidente responsabilidad en esta defraudación del dinero público de todos los cántabros”.
Mientras tanto, a lo largo de estos años hemos visto “milagros empresariales” como los del Grupo Sadisa (en el que se enmarca ASCÁN), con cifras de beneficio de 21,9 millones de euros en el año 2009, cuando el sector de la construcción la languidecía en nuestra región. A su vez, vemos como varias de estas grandes empresas son las que está realizando la escasa obra pública que se lleva a cabo en estos momentos en la región: Centro Botín, aparcamiento de Mendicoague, o la adjudicación del contrato para acabar, equipar y gestionar el hospital Marqués de Valdecilla durante 20 años por 660 millones de euros. Con artimañas como esta, cualquiera es capaz de obtener beneficios.
Una vez más, vergüenza y escarnio para la clase política regional, que se lava las manos como Pilatos y miran para otro lado, mientras los poderes económicos roba impunemente a los ciudadanos ante nuestras narices. Los ciudadanos de Cantabria debemos exigir que el dinero defraudado sea devuelto a las arcas públicas, y que los empresarios y políticos se sienten en el banquillo, unos por estafa y otros por mirar hacia otro lado.
